El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Sociedades, una iniciativa impulsada desde el ministerio de Justicia que encabeza Juan Bautista Mahiques y con un rol central de la Inspección General de Justicia (IGJ), según informó Infobae. El cambio promete digitalizar trámites clave, habilitar nuevos instrumentos para startups y modificar controles estatales que, de aprobarse, impactarían en tiempos y costos para emprendedores e inversores.
El anuncio se suma al paquete de iniciativas que el Ejecutivo remitió recientemente al Parlamento y cuenta con aportes del ministerio de Desregulación, dirigido por Federico Sturzenegger, y de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy. La presentación del texto se había previsto para la semana pasada y fue discutida en la mesa política en Casa Rosada; sin embargo, su ingreso se postergó y ahora fuentes consultadas por Infobae sostienen que llegará en los próximos días.
Entre los ejes que concentra el proyecto aparecen la digitalización de constituciones y registros societarios, la posibilidad de que determinados activos digitales constituyan capital social y la flexibilización de figuras como la sociedad unipersonal. Además, la IGJ, bajo la gestión de Alejandro Horacio Ramírez, trabaja en paralelo en la presentación de balances por vía digital, una transformación operativa que el proyecto buscaría consolidar desde la ley.
Digitalización y alivio burocrático
Foto: infobae.com
Uno de los cambios más comentados en el mercado jurídico y tributario es la habilitación de la constitución y modificación de sociedades mediante firma digital; también se prevé que los libros societarios puedan mantenerse íntegramente en formato electrónico con respaldo. Según las fuentes consultadas por Infobae, la idea es reducir exigencias actuales como firmas certificadas y presentaciones presenciales que hoy encarecen y demoran procesos.
"Es una de esas reformas que no salen en los diarios porque no generan peleas políticas, pero que pueden ahorrar miles de horas de burocracia y costos a emprendedores, profesionales e inversores" — Diego Fraga, socio de Expansión.
Especialistas señalan que la digitalización permitiría, por ejemplo, que dos socios en distintas jurisdicciones suscriban documentos sin viajar ni pasar por una escribanía, y que el libro de actas del directorio quede alojado en la nube con respaldo electrónico. En esa línea, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, remarcó la importancia de la IGJ para sistematizar la presentación de balances digitales y eliminar trámites en papel.
Criptoactivos, sociedades unipersonales y reuniones remotas
Otra pata relevante del proyecto es el reconocimiento normativo de ciertos activos digitales como aportes de capital. Aunque ya hubo antecedentes en la IGJ sobre aportes con criptomonedas, la iniciativa parlamentaria —según el detalle al que accedió Infobae— buscaría incorporar esa posibilidad de forma explícita para activos como BTC, ETH, USDC o tokens representativos.
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El texto oficial también buscaría simplificar la constitución y operación de sociedades unipersonales, haciendo a la figura más accesible para profesionales y emprendedores que hoy evitan la Sociedad Anónima Unipersonal por sus exigencias. Además, se habilitarían de forma clara las reuniones societarias remotas, una práctica extendida desde la pandemia pero todavía con vacíos normativos.
Cambios en el rol del Estado y próximos pasos
El punto más sensible pasa por el cambio en el enfoque fiscalizador de la IGJ: la propuesta pretende desplazar parte del control desde formalidades estrictas hacia una lógica de riesgos y controles sustantivos. Consultadas por Infobae, fuentes del derecho societario advierten que se pretende simplificar un régimen muy cargado de normas acumuladas y dar mayor agilidad a la operatoria corporativa.
El proyecto aún debe ingresar formalmente al Congreso y enfrentar el trámite legislativo: debate en comisiones, consulta a expertos y posibles modificaciones. Fuentes oficiales y del sector privado coinciden en que la iniciativa no generará grandes batallas partidarias en la superficie política, pero sí abrirá discusiones técnicas sobre el alcance de la digitalización, la seguridad jurídica para aportes digitales y el nuevo perfil fiscalizador de la IGJ. Según Infobae, el envío está previsto para los próximos días; a partir de allí comenzará la negociación parlamentaria y la ronda de consultas con cámaras empresarias y colegios profesionales, cuyo resultado definirá el alcance final de la reforma.