El Gobierno remitirá en los próximos días al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Sociedades, una iniciativa liderada desde el Ministerio de Justicia por Juan Bautista Mahiques y con fuerte protagonismo de la Inspección General de Justicia (IGJ), según informó Infobae. La propuesta promete digitalizar constituciones y registros, reconocer ciertos activos digitales como aportes de capital y reducir la intervención estatal en controles formales, cambios que afectan a emprendedores, firmas y al ecosistema fintech.
Contexto breve: la presentación se enmarca en un paquete más amplio de reformas que el Ejecutivo viene enviando al Parlamento. Al proyecto contribuyeron también los ministerios de Desregulación y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, responsables de revisar el texto antes de su envío, y la IGJ, que bajo la gestión de Alejandro Horacio Ramírez ya trabaja en presentaciones de balances digitales, según las fuentes consultadas por Infobae.
Qué propone el proyecto y por qué cambia la operatoria
El texto plantea cambios de fondo en la constitución, gestión y documentación de sociedades. Entre las medidas más relevantes figura la habilitación de constituciones y modificaciones societarias mediante firma digital y la transformación de libros y legajos en formatos digitales con respaldo electrónico. La idea es reemplazar parte del actual entramado de papeles, certificaciones y escrituras por procesos en línea que reduzcan tiempos y costos administrativos.
La iniciativa también contiene disposiciones pensadas para startups y el mundo cripto: reconoce expresamente la posibilidad de aportar determinados activos digitales —como criptomonedas o tokens representativos de activos— al capital social, algo que hoy existe sólo en forma limitada y bajo criterios heterogéneos de la IGJ. Además, busca facilitar las sociedades unipersonales y normalizar las reuniones societarias remotas, prácticas que se generalizaron durante la pandemia.
Foto: infobae.com
Ahorro de trámites y críticas sobre alcance regulatorio
La reforma se presenta como una modernización técnica con impacto real en la operatoria diaria de empresas y profesionales. En ese sentido, expertos consultados por Infobae destacan la potencial reducción de cargas administrativas y costos.
"Es una de esas reformas que no salen en los diarios porque no generan peleas políticas, pero que pueden ahorrar miles de horas de burocracia y costos a emprendedores, profesionales e inversores". — Diego Fraga, tributarista y socio de Expansión
Fuentes del ámbito tributario y corporativo sostienen que permitir firmas digitales y libros en la nube facilitaría que dos socios en lugares distintos puedan constituir o modificar una sociedad sin viajes ni notarías. Sin embargo, la reforma también plantea interrogantes sobre seguridad jurídica, custodia de datos y alcance de los activos digitales admitidos como aportes.
Cambio en el rol de la IGJ y control por riesgo
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Uno de los ejes más discutidos es la reconfiguración del papel del Estado en las fiscalizaciones. La propuesta, según especialistas, pretende desplazar el control centrado en formalidades hacia una lógica más orientada al riesgo y al contenido de las operaciones. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, sintetiza ese giro: la IGJ pasaría de supervisar trámites puntuales a focalizarse en controles sustantivos alineados con la dinámica real de las sociedades.
En paralelo, la IGJ avanza en la digitalización de presentaciones de balances, un desarrollo operativo que podría complementarse con la nueva ley. Sectores empresariales valoran la modernización, pero remarcan la necesidad de reglas claras sobre auditoría, conservación de archivos digitales y regulación de aportes cripto para evitar vacíos que generen litigios o incertidumbre inversora.
Cierre: próximos pasos e impacto esperado
Según Infobae, el proyecto iba a ingresar inicialmente por el Senado pero su tratamiento se postergó y ahora se espera su remisión en los próximos días. Si el Congreso lo aprueba, la transformación operativa sería gradual: primero instrumentación y normas complementarias (regímenes de firmas digitales, custodias y reglas para activos digitales) y luego la plena vigencia de las nuevas facultades de la IGJ. El cambio puede acelerar la constitución de empresas y bajar costos, pero dependerá de los plazos legislativos, la capacidad administrativa del organismo y la claridad de los reglamentos secundarios para mitigar riesgos legales y fiscales.
Fuentes: Infobae y voceros citados por ese medio.
